La controversia por el encarecimiento de los recibos de agua y alcantarillado en la capital del Meta continúa escalando. Tras una consulta radicada por el concejal Cristian Ferney Nieves García, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dio a conocer que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) aún no ha suministrado los antecedentes técnicos requeridos para evaluar la implementación de la fórmula tarifaria fijada en la Resolución CRA 1032 de 2026.
Reiterados llamados sin respuesta
El organismo de control detalló que el primer requerimiento de información y soportes documentales se envió a la compañía el 10 de agosto. No obstante, al momento de responder al cabildante, la entidad no había obtenido ninguna contestación. Frente a este silencio administrativo, la entidad de vigilancia insistió mediante un segundo oficio expedido el 8 de octubre de 2026, con el fin de verificar si el esquema tarifario vigente cumple con los parámetros legales.
La indagación impulsada por el concejal Nieves persigue una auditoría exhaustiva en los frentes operativo, financiero y técnico para esclarecer el origen de los cobros actuales.
Aspectos bajo la lupa
Para determinar la validez de los incrementos facturados, el ente de control debe analizar varios factores clave:
- La estructura de costos cargada a las tarifas y las pérdidas de agua incorporadas.
- La correspondencia con los reportes radicados en el Sistema Único de Información (SUI).
- El contraste de valores cobrados antes y después de aplicar la nueva metodología.
- Un análisis comparativo discriminado por estratos socioeconómicos y usos del servicio.
- Modelaciones del impacto económico para consumos mensuales comprendidos entre los 5 y los 30 metros cúbicos.
Descontento ciudadano en las calles
Esta indagación surge en medio del creciente malestar de la comunidad villavicense. Decenas de usuarios han denunciado incrementos que duplican el valor habitual de sus recibos, lo que ha derivado en protestas frente a las instalaciones de la EAAV y la radicación masiva de derechos de petición.
Frente al caso, la Superintendencia recalcó que la eventual recepción de los estudios tarifarios no equivale a una validación ni aval de los precios al público. Dicha documentación constituye únicamente el insumo necesario para adelantar las labores de inspección y, de hallarse anomalías, remitir los hallazgos ante las autoridades competentes. Por ahora, la revisión técnica permanece frenada a la espera de que la empresa municipal entregue los soportes.
